Dualidad guatemalteca: riqueza bioecológica y pobreza social.

Guatemala posee una dualidad que resulta extremadamente interesante y digna de indagar y analizar: es un país rico, de mucha biodiversidad y abundantes recursos naturales; pero la mayoría de su población resulta ser pobre o extremadamente pobre. ¿Cómo es posible?

Se debe iniciar por detallar en qué aspectos se posee la riqueza antes mencionada para comprender el contexto y luego abordar las partes deficientes que propician la aparición de la pobreza. Cabe resaltar que, en dichos asuntos, no solo interviene lo bioecológico y lo social, también interviene lo político.

En cuanto a su riqueza biológica, Guatemala se considera un país megadiverso con un buen porcentaje de especies endémicas y variedad de ecosistemas debido a su geografía muy accidentada, lo cual produce variación de climas en pequeños espacios. El CONAP (2008) argumenta que esta variedad de especies tiene especial relación con la historia geológica del istmo centroamericano, lo cual coincide con la idea de que la geografía es un factor clave de la abundancia de especies únicas en el territorio.

La FAO (1996) califica a Guatemala como un país que cuenta con gran cantidad de recursos energéticos renovables, poniendo en primer lugar a la biomasa debido al alto consumo de leña en zonas rurales. El Ministerio de Energía y Minas (2018) confirma la información ofreciendo datos de los distintos mecanismos renovables de generación de energía entre los cuales figuran la energía hidráulica, eólica, solar, geotérmica y de biomasa.

Otro aspecto importante que resaltan la OPS (2015) y el PNUD (2021) es que, por sus condiciones naturales, Guatemala posee agua en abundancia, incluso hasta el doble del promedio mundial, lo cual le da una disponibilidad muy alta para los habitantes, no solo para uso doméstico, sino también para uso agrícola. Se está hablando de un país con gran capacidad de generación de energía, abundante recurso hídrico y, además, habitado por un inmenso número de especies animales y vegetales únicas. Es casi como describir un paraíso para el desarrollo.

De tal manera ¿cómo puede ser que el Banco Mundial (2023) indique que más del 55 % de la población vive en pobreza y con un índice de desarrollo humano sumamente atrasado respecto a otros países de la región, según Unicef (2016)? Una respuesta que esta misma institución propone es que hay ausencia de políticas públicas para combatir la pobreza y la desigualdad social que se vive desde la época colonial y que fue principal causa del Conflicto Armado Interno. En otras palabras, se vive en un Estado que no vela por la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y que no se orienta al desarrollo del país en favor de su población. Existen elitismos, corrupción, intereses oscuros, en fin, obstáculos que no permiten aplicar la legislación y políticas actuales como se debería y que tampoco permite crear nuevas que favorezcan a los más necesitados.

De este modo, una vez comprendido el gran potencial del país para el desarrollo y lo necesitada que está su población, es un trabajo de análisis y propuesta el que se debe desarrollar, no solo en esta oportunidad, sino cada que se pueda. Cada ciudadano debería estar preocupado por las acciones de los funcionarios y de cómo administran la riqueza que es de todos: cómo se protegen los biomas, cómo se utilizan los recursos naturales, cómo se trabaja en el desarrollo sostenible, cómo todo esto se encamina al combate de la pobreza. Si todo esto no se evidencia en el actuar de las autoridades, la molestia debería ser general.

Se hará un planteamiento respecto a tres ámbitos en los que las políticas deberían establecerse para mejorar la situación actual. Desde luego, estas propuestas se sostienen sobre la base de un eje transversal a todas ellas, este eje es el combate de la corrupción. Solo en un Estado con suficiente transparencia se puede trabajar para beneficio de la población, de lo contrario, se seguiría beneficiando intereses particulares. Los ámbitos en los que se hace énfasis son: la administración del agua y los recursos naturales, el cuidado de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

La legislación de Guatemala está orientada a proteger el medioambiente, iniciando por el decreto 68 – 86 del Congreso de la República que establece todo el marco legal para el cuidado de los recursos naturales: atmósfera, agua, minerales, suelos y seres vivos. Además, tiene el punto de partida para la creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Es en este ministerio en donde se deberían fortalecer las políticas ambientales de manera que su aplicación sea efectiva. La legislación ya está y es contundente. El ministerio debería crear políticas internas que condenen la corrupción, que la combatan, supervisión constante, profesionales aptos en los puestos clave. Que se sancione tanto a pequeños infractores como a transnacionales sin ningún tipo de consideración u oportunidad de sobornos.

Muchos guatemaltecos no tienen agua en un país considerado abundante en agua. Aquí toca enfrentarse a un verdadero vacío legal, pues no hay una legislación que asegure la correcta distribución del agua. Cualquier ingenio puede extraer miles de galones de agua de un río hasta casi secarlo y no hay método por el cual regularlo o someterlo a responsabilidad. En un país donde abunda el agua es de imperativo interés el poder regularla y asegurar que, primeramente, esté disponible para la población y luego para cualquier iniciativa privada.

También está el tema de la explotación de minerales. Aquí entra en juego otro ministerio que necesita mejorar sus políticas: el Ministerio de Energía y Minas. Esta entidad cuenta con su propia legislación en cuanto a recursos, está distribuida en la rama de la minería, en la rama de los hidrocarburos y en generación de energía eléctrica. Es de dominio público el hecho de se han tenido inconsistencias en la administración de estos recursos y, como siempre, se ha hecho para beneficiar al mejor postor. Los dividendos que se obtienen de la explotación de estos recursos nunca van enfocados en la población. Se queda en pagos de sobornos, ganancias de empresas privadas extranjeras, malversación, etc. Mientras que, las comunidades directamente afectadas reciben una que otra limosna mientras su ecosistema se deteriora. Una vez más, es necesaria una reforma, enderezar la visión y combatir la corrupción en las instituciones para generar un desarrollo sostenible, sobre todo eso, sostenible, que beneficie a los connacionales.

Una de las causales de que no se aproveche este recurso para combatir la pobreza es el hecho de que Guatemala no posee industria de transformación. Es vista por el mundo solo como un almacén de materia prima, vienen, extraen y se lo llevan. Si el Estado invirtiera más en su población, en educarla, tecnificarla, profesionalizarla y crear industria que transforme la materia prima con responsabilidad ambiental, seguramente habría desarrollo para muchas familias.

Dentro de la Ley de Protección del Medioambiente están establecidos un buen número de artículos que se enfocan en los seres vivos y los ecosistemas del país. Lo curioso es que, si bien hay muchas personas que perjudican a las especies destruyendo su hábitat, cazándolas, talando, traficando o matando por falsas creencias; también se debe decir que muchas iniciativas privadas han extinguido selva, manglares, cuerpos de agua y demás. El punto es que estas últimas tienen un impacto altísimo a comparación de algunos traficantes o agricultores que talen para cultivar. Es aquí donde se necesita imparcialidad. ¿Quién da concesiones a estas iniciativas privadas para que puedan generar un impacto ecológico tan grande y nocivo sin consecuencias visibles?

La política debe ser: cero tolerancia al impacto irresponsable. Se deben respetar áreas protegidas, se debe mitigar el impacto de desechos ya sea sólidos, líquidos o gaseosos con debido tratamiento, se debe combatir el tráfico y a tala indiscriminada, se debe educar a la población respecto a lo que implica matar plantas o animales injustificadamente. Sorprendentemente muchas comunidades, especialmente las indígenas, valoran mucho su ecosistema y buscan preservarlo porque saben lo importante que es. Ese mismo espíritu es el que se debería infundir en los demás, amor por la naturaleza que mantiene vivas a las personas.

Por último, y a manera de recopilación de las ideas anteriores, el desarrollo sostenible debe ser uno de los objetivos prioritarios del Estado. Y es que, no hay economía en un futuro sin recursos. Hasta ahora se ha hablado de agua, minerales, energéticos y seres vivos con el afán de conservarlos y aprovecharlos de una manera responsable. Si se sobreexplotan hasta acabarlos ¿qué se hará después? ¿a dónde se irá a conseguir más de ello? El desarrollo sostenible es, entonces, el seguro de la continuidad de una nación, una sociedad y un ecosistema. Todas las políticas deberían considerarlo, todas deberían buscar minimizar el impacto ambiental y asegurar la continuidad de los recursos.

Hacen falta muchas reformas para lograr que la riqueza de Guatemala se proyecte a sus pobladores. Es necesario que todos se eduquen y se involucren en los intereses de la nación. Si las autoridades no defienden el patrimonio natural, los ciudadanos deben hacerlo, con conocimiento, con propuestas. Elegir bien a las autoridades es un primer paso, pero también mantener el ojo vigilante ante sus acciones. Exigir que extranjeros dejen de llevarse los recursos y que los nacionales los disfruten y conserven, esa es la consigna.

Referencias

Banco Mundial. (4 de octubre de 2023). Guatemala Panorama general. Obtenido de Sitio Web del Banco Mundial: https://www.bancomundial.org/es/country/guatemala/overview#:~:text=Se%20estima%20que%20en%202023,49%20por%20ciento%20del%20PIB.

CONAP. (2008). Guatemala y su biodiversidad: Un enfoque histórico, cultural, biológico y económico. Guatemala: Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Oficina Técnica de Biodiversidad.

Decreto número 48 – 97. Ley de minería y su reglamento. 11 de junio de 1997.

Decreto número 68 – 86. Ley de protección y mejoramiento del ambiente. 5 de diciembre de 1986.

Decreto número 109 – 83. Ley de hidrocarburos y su reglamento. 15 de septiembre de 1983.

FAO. (1996). Memoria - Reunión regional sobre generación de electricidad a partir de biomasa. Santiago, Chile: Oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Ministerio de Energía y Minas. (diciembre de 2018). Energías renovables en Guatemala. Obtenido de Sitio Web del Ministerio de Energía y Minas: https://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2019/01/Energ%C3%ADas-Renovables-en-Guatemala.pdf

OPS. (19 de agosto de 2015). Agua y saneamiento. Obtenido de Sitio Web Organización Panamericana de la Salud: https://www.paho.org/es/noticias/19-8-2015-agua-saneamiento#:~:text=Guatemala%20cuenta%20con%20las%20condiciones,un%2010%25%20a%20nivel%20nacional.

PNUD. (19 de marzo de 2021). ¿Cuál es el valor del agua? Obtenido de Sitio Web Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: https://www.undp.org/es/guatemala/blog/%C2%BFcu%C3%A1l-es-el-valor-del-agua

Unicef. (2016). Pobreza Multidimensional infantil y adolescente en Guatemala. Privaciones a superar. Guatemala: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.